¿Cómo está tu escuela?

Abstract

El presente estudio abarca los 30 centros educativos del circuito 8-4, que atienden a una población estudiantil que va desde 110 hasta 3,300 estudiantes por centro, distribuidos en los corregimientos de Juan Díaz, Don Bosco, Parque Lefevre, Río Abajo y San Francisco. Lo que hace particularmente revelador este análisis es la paradoja que hemos encontrado: estos corregimientos presentan algunos de los mejores indicadores socioeconómicos del país, con índices de pobreza multidimensional extraordinariamente bajos (entre 0.004 y 0.014), y sin embargo, sus escuelas públicas enfrentan desafíos estructurales significativos. Nuestro enfoque metodológico ha sido deliberadamente multidimensional. No nos hemos limitado a evaluar la infraestructura física, sino que hemos analizado la interrelación entre múltiples factores que determinan la calidad educativa: desde el estado de las instalaciones eléctricas y sanitarias, hasta la disponibilidad de recursos tecnológicos; desde la dotación de personal administrativo y docente, hasta la efectividad de programas como "Estudiar Sin Hambre". Este abordaje integral nos permite entender cómo las diferentes carencias se refuerzan mutuamente, creando círculos viciosos que afectan el rendimiento y la retención escolar. Los hallazgos son preocupantes: el 86.7% de los centros presenta una infraestructura eléctrica comprometida, el 85% no cumple con estándares de accesibilidad, y existen disparidades tecnológicas alarmantes, con algunos centros teniendo una computadora por cada 165 estudiantes. La situación del personal administrativo y de apoyo es igualmente crítica, con sólo 11 cocineras para todo el circuito y 8 centros con comedores activos sin personal asignado. Quizás lo más revelador es el "voto de desconfianza" que la ciudadanía está dando al sistema oficial de educación: en corregimientos como San Francisco, el 81.2% de los estudiantes asiste a centros educativos particulares. Esta preferencia por la educación privada, en una zona con excelentes indicadores socioeconómicos, sugiere una crisis de confianza en la capacidad del Estado para proporcionar una educación de calidad. Este informe no es sólo un diagnóstico; es un llamado a la acción legislativa basada en evidencia. Los datos y análisis aquí presentados servirán como fundamento para proponer reformas legales que aborden no sólo los síntomas, sino las causas estructurales de nuestros desafíos educativos. Aspiramos a que este esfuerzo sirva de referente en la construcción de políticas públicas basadas en la evidencia y en la promoción de leyes que tengan como fundamento data que respalde por qué se justifica una propuesta legislativa. Como legisladores, tenemos la responsabilidad de asegurar que el derecho a una educación de calidad no sea sólo una aspiración constitucional, sino una realidad tangible para cada estudiante panameño.